REALIDADES EL SALVADOR. María Teresa, condenada a 40 años por un embarazo imperfecto

Paula Ávila-Guillén

Conocí a María Teresa por primera vez, en septiembre de 2014, cuando visité la cárcel de mujeres de Ilopango en San Salvador. He estado en cárceles anteriormente y siempre es una de las partes más difíciles en mi trabajo como abogada defensora de derechos humanos. Pensé que ese día iba escuchar historias de mujeres que estaban presas por haber obtenido un aborto ilegal, lo cual ya es indignante. Lo que encontré fue lo opuesto y aún más inhumano.

María Teresa nos contó su experiencia con una emergencia obstétrica, no un aborto. En el 2011, sin saber que estaba embarazada, un día ella empezó a sangrar por la vagina, sintió un dolor muy fuerte y dio a luz en un baño. El hospital donde consiguió ayuda horas después llamó a la policía porque sospechaban que ella se había practicado un aborto. Había múltiples inconsistencias en su caso, violaciones al debido proceso como la nula presunción de inocencia, la ausencia de prueba directa y la inadecuada o casi inexistente defensa. Nosotros lo confirmamos, pero también lo ha corroborado el Procurador de los Derechos Humanos de El Salvador. En definitiva, en el caso de María Teresa no había pruebas suficientes para declarar que se practicó un aborto ilegal. Sin embargo, ella está en la cárcel de mujeres de llopango desde hace más de tres años con una sentencia a 40 años de prisión.

María Teresa fue una de las 5 mujeres que ese día me contaron a mí, y a otras personas que trabajan en la defensa de derechos humanos, sobre sus experiencias con abortos espontáneos, embarazos con complicaciones y otras emergencias obstétricas, situaciones que no se relacionaban con haber obtenido un aborto ilegal. Recientemente, el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana, están presentando el caso de María Teresa y otras 8 mujeres ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una demanda contra el Estado de El Salvador por las múltiples violaciones de derechos humanos que han sufrido y siguen sufriendo estas mujeres injustamente encarceladas por crímenes que nunca cometieron.

Por más de 16 años, El Salvador ha criminalizado de manera absoluta el aborto – inclusive en casos en los que el procedimiento es necesario para proteger la vida de la mujer – imponiendo penas a las mujeres y a los médicos. La prohibición total ha resultado en el encarcelamiento injusto de un amplio número de mujeres que han sufrido complicaciones en el embarazo, que luego son juzgadas por el delito de homicidio.

Las historias de las nueve mujeres que representamos en este caso demuestran cómo el sistema de justicia criminal violó sus derechos humanos. Estos casos detallan como El Salvador vulneró sus derechos a la integridad personal, a la salud, a la vida privada y familiar, al debido proceso, a vivir libres de violencia de género, a la igualdad ante la ley y la no discriminación, entre otros.

En casi todos los casos, las mujeres fueron denunciadas a la policía por tener emergencias obstétricas. La mayoría de las mujeres fueron detenidas e interrogadas cuando aún estaban en la cama del hospital, sin que se les informaran sus derechos, sin un abogado presente, y muchas veces mientras se estaban recuperando de la anestesia y todavía en estado de shock debido a lo ocurrido.

En Diciembre 2014, una coalición de organizaciones no gubernamentales elevó la campaña de las “Las 17” a nivel internacional, haciendo un llamado para la liberación de 17 mujeres salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas, fueron denunciadas por aborto y sentenciadas por homicidio. Esta campaña ayudó a exigir un indulto para “Guadalupe,” una víctima de violencia sexual que fue denunciada por aborto y quien fue injustamente encarcelada por homicidio después de sufrir una complicación en su embarazo, en 2008. El Congreso de El Salvador aprobó el indulto de Guadalupe en enero de 2015, pero con su liberación anunció que no emitirá más indultos al resto de mujeres que se encuentran en circunstancias similares. Si bien, el indulto no es la opción legal que reconoce las injusticias por las que sufrieron, es una opción para poder volver a estar con sus familias y tener la oportunidad de reconstruir sus vidas.

Las salvadoreñas merecen vivir sin miedo de buscar ayuda médica por culpa de una ley tan restrictiva, que promueve cárcel cuando ellas padecen complicaciones obstétricas durante el embarazo. Esta demanda ante la Comisión Interamericana es necesaria para defender a María Teresa, las ocho mujeres, y todas Las 17.

Confieso que cuando María Teresa relató su historia, casi no la creía. Todo sonaba como una telenovela o algo que pertenecía a un tiempo pasado muy lejano, que no podía ser verdad. No entendía como una emergencia obstétrica la pudo condenar a 40 años en prisión. Le hice repetir su historia varias veces, la interrumpí en muchos momentos tratando de buscar respuestas. Como abogada, había algo que sencillamente no correspondía con una sentencia tan fuerte.

Te pido disculpas por mi ignorancia María Teresa. En mi capacidad de abogada defensora de derechos humanos con el Centro de Derechos Reproductivos, la Agrupación Ciudadana y la comunidad internacional de derechos humanos continuamos luchando por tu libertad y la de Las 17.

La petición enfrente de la Comisión Interamericana busca no solo la libertad de las mujeres, pero además cambios sistemáticos en el sistema de salud y judicial en el Salvador, en la espera que no solo se haga justicia para ellas, sino para todas las mujeres salvadoreñas que tienen el derecho a vivir en una sociedad justa, una sociedad que reconozca sus derechos, una sociedad en donde las mujeres puedan vivir con dignidad y sin miedo a ser enviadas a la cárcel por una emergencia obstétrica.

Nunca podemos dejar de trabajar para cambiar esta realidad en El Salvador. Tenemos que lograr justicia para todas las salvadoreñas.

*Paula Ávila Guillen es Especialista de Programas del Centro de Derechos Reproductivos, una organización legal sin fines de lucro que defiende la autonomía reproductiva como un derecho humano fundamental que todos los gobiernos están legalmente obligados a proteger, respetar y cumplir. Es abogada de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, y obtuvo una maestría en derecho internacional de los derechos humanos en American University Washington College of Law.