REFORMA. Funcionarios públicos sí irán a prisión por malversación de fondos

 

Junio 20 de 2017. En El Salvador, la malversación de fondos públicos (utilizar tales  fondos  para una finalidad que no fue la establecida) tiende a ser una “cultura” por parte de quienes ostentan cargos públicos, incluso quienes los administran en los niveles de menor jerarquía, pues suelen existir diversas formas de manipular o maquillar los procesos de gastos; esto sin que hasta hoy  hayan sido enviados a prisión o condenados a más de tres años, pues el código penal mismo lo ha establecido así, pues la pena máxima ha sido de tres años.

No obstante, luego de conocerse de cientos de casos de malversación, se ha aprobado por la comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa una reforma con la que   tal accionar podría ser sancionado  hasta con cinco años de cárcel y ser inhabilitado por el mismo período para no ocupar cargos públicos.

Este dictamen deberá ser  aprobado en la sesión plenaria de mañana.

La reforma es al artículo número 332 del Código Penal que hasta la actualidad establece: “El funcionario o empleado público que diere a los caudales o efectos que administra una aplicación diferente de aquella a la que estuvieren legalmente destinados, será sancionado con multa de cincuenta a cien días multa”, dice actualmente la normativa.

“Si tenemos un auténtico compromiso de combate a la corrupción, debemos ponernos más estrictos en limitar a cualquier funcionario de arbitrariedades que le permitan tomar fondos a su antojo”, expresó el diputado Ricardo Velásquez Parker.

La representación del partido FMLN  votó a favor de tal reforma. El cambio tiene un propósito esencial. “Cerrar los portillos de la corrupción. La corrupción se da por distintos actos; nos hubiese gustado tener un informe de la Corte Suprema de Justicia que nos pudiera dar de cuántos delitos de malversación se procesan, nos hubiese gustado porque eso puede justificar de mayor forma el incremento de la pena…vale la pena decir que esta restricción que le ponemos a ese acto inhiba a todos los que administran recursos del Estado”, dijo la diputada Jackeline Rivera.