Rostros de tres masacres sin justicia

Víctor Peña * El Faro.net

Entre 1980 y 1989, en tres municipios del departamento de Santa Ana, en el occidente de El Salvador, fueron asesinados 34 salvadoreños. Dicho así, tan a la ligera, suena a muy poco, si se le compara con las más de 75 mil víctimas que registró el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas. Pero esas 34 muertes, para los familiares de las víctimas, son demasiado. Para sus abogados, son la prueba de que en el occidente del país, como en el oriente y la zona paracentral, también se cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos de parte del ejército y los cuerpos de seguridad.

El miércoles 8 de octubre de 1980, 23 personas fueron asesinadas en el caserío Canoas, una comunidad separada 15 kilómetros de la ciudad de Santa Ana y plantada en las entrañas del cantón El Pinalito, departamento y municipio de Santa Ana. En Canoas, sus habitantes vivían bajo el acoso de la Guardia Nacional. La Guardia sospechaba de ellos porque estaban organizados en grupos de catequistas y cooperativistas que buscaban acceso a créditos para financiar los cultivos con los cuales subsistían.

El día de la masacre, alrededor de 80 personas se disponían a compartir el almuerzo, en la vivienda propiedad de Pedro Zamora, cuando fueron emboscadas por un grupo combinado de 20 hombres de las fuerzas del gobierno que rodearon la casa, atacaron con granadas y dispararon con fusiles G3. Los testimonios de las víctimas; una resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos publicada el 26 de julio de 2016, y el informe de la Comisión de la Verdad, señalan la participación de la Guardia Nacional, Policía de Hacienda y Policía Nacional como los responsables de esas ejecuciones extrajudiciales.

Como ocurrió en el oriente del país en las masacres de El Mozote (1981), o en la zona norte de Chalatenango con el Sumpul (1980), o en Cabañas, en la zona paracentral con la masacre de Santa Cruz (1981), los sobrevivientes enterraron a sus muertos en una fosa común, separada a 30 metros de la vivienda en la que fueron masacrados.

Dos años más tarde, en el cantón Costa Rica, del municipio de Texistepeque, siete personas fueron sustraídas en un operativo ‘casa por casa’ realizado por cuerpos de seguridad, y posteriormente asesinadas. Esta matanza ocurrió el 20 de noviembre de 1982. Luego, siete años más tarde, en 1989, otras cuatro personas fueron asesinadas en similares circunstancias en el cantón Agua Zarca, del municipio de Metapán.

En el año 2005, los familiares de las víctimas de estos tres episodios iniciaron una causa con apoyo de la oenegé Madeleine Lagadelec. El objetivo era buscar justicia y una exhumación y reconocimiento de las víctimas para darles sepultura adecuada. En julio de  2007, la Fiscalía General de la República solicitó a un juzgado las exhumaciones y se abrieron las fosas comunes en los tres escenarios de las masacres.

Desde las exhumaciones, el proceso de justicia caminó a paso muy lento. La entrega de las osamentas programada para el año 2010 fue detenida por orden del entonces fiscal general, Romeo Barahona, quien ordenó que los restos fueran sometidos a pruebas de ADN. Seis años después, el Instituto de Medicina Legal no logró resultados positivos en los análisis de las osamentas, y argumentó que esto se debía al tiempo transcurrido y al estado de los restos óseos. En síntesis, no lograron obtener una prueba científica que vinculara a las osamentas de los masacrados con sus familiares. El pasado 25 de agosto, la fiscal del caso, Gabriela Vega, dijo en la morgue del Cementerio General de Santa Ana: “No podemos dar la identificación porque por el momento no se encuentran identificados genéticamente ni antropológicamente, todos van a poder ver las osamentas en calidad de depósito”, dijo la fiscal del caso, Gabriela Vega.

Los mismos sobrevivientes explican en esta fotohistoria que no pueden ir muy lejos en su reclamo de justicia porque hasta ahora el Estado no ha identificado a sus parientes asesinados.

En una resolución emitida el 26 de julio de 2016 por la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, se señala que la Fiscalía cometió graves violaciones a los derechos a la vida digna, la integridad física y moral, así como a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Según la PDDH, la Fiscalía no respetó la dignidad de los familiares de las víctimas porque se ha perdido el enfoque de atención integral, que  no ha sido dirigido en un plan y estrategia general de intervención, ya que por el contrario los esfuerzos estatales se realizan de manera aislada y sin un orden específico, siendo estos, los factores que deben llamar al cambio de lógica para establecer una política efectiva de reparación a las víctimas sobrevivientes o familiares victimados por las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra civil salvadoreña.

La resolución además, exige al Estado pedir perdón y cubrir con los gastos funerarios como medidas de reparación. Ambas exigencias no fueron cumplidas por el Estado, ya que los gastos funerarios fueron cubiertos gracias a donaciones de particulares, según lo dijo a El Faro, Carolina Constanza, directora de la Fundación Madeleine Lagadec. El Estado salvadoreño, por petición de los familiares, por fin entregó las osamentas de 34 víctimas nueve años después haber sido exhumadas. Según la Fiscalía, las osamentas fueron enterradas en calidad de “evidencia”. Una evidencia para unas masacres que hasta la fecha el Estado se niega a investigar. Por ser evidencias, la Fiscalía no permitió que cada familia enterrara a sus víctimas, y por eso las 34 osamentas ahora comparten un mismo nicho en el cementerio Santa Isabel, de Santa Ana.

http://www.elfaro.net/es/201610/ef_foto/19287/Rostros-de-tres-masacres-sin-justicia.htm