Sala: “Es constitucional pena por extorsión”

Noviembre 22 de 2017. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que la pena, de 10 a 15 años, para el delito de extorsión, es constitucional  en cuanto a su aplicación preventiva; es decir, que se persiga la mera amenaza sin que se efectúe el negocio.

Dicha instancia determinó que la manera en que la ley establece el delito de extorsión es inconstitucional, ya que su pena es excesiva y considera consumada la conducta delictiva sin que la víctima haya accedido a la exigencia del victimario.

“Deben establecerse judicialmente los presupuestos esenciales  a fin de evitar castigar como coautoría a quien, sin formar parte del concierto previo, es obligado mediante violencia o amenazas a recoger el dinero que se exige a la víctima”.
magistrados Sala Cnal., parte de la sentencia emitida

“La inconformidad del juez requirente radica en la equiparación del tratamiento punitivo entre personas que realizan aportes importantes en la realización del delito de extorsión como coautoría, así como la extensión de la consumación al ejercicio de la amenaza o coacción extorsiva”, aclararon los magistrados en su resolución.

Los magistrados notificaron sobre el caso a la Asamblea Legislativa y al fiscal general de la república.

El técnico de la Asamblea contestó asegurando que la extorsión afecta no solo el patrimonio sino la “autonomía personal de la víctima”, por lo que es válido aplicar el delito de manera preventiva.

Además, el especialista de la Asamblea comunicó que la pena se fijó de acuerdo con el impacto social que tiene el delito, y añadió que, con la resolución emitida el año pasado, el Juzgado Quinto de Sentencia invadió un ámbito de competencia del Órgano Legislativo.

Los argumentos del técnico parlamentario fueron secundados por el fiscal general en el caso.

Los magistrados también coincidieron en que el delito de extorsión es pluriofensivo y de varias etapas; por lo tanto, la norma debe ser aplicada de manera preventiva

“Debe establecerse judicialmente los presupuestos esenciales supracitados —plan común, división de funciones y esencialidad del aporte— a fin de evitar castigar como coautoría a quien, sin formar parte del concierto previo, es obligado mediante violencia o amenazas a recoger el dinero o la prestación que se exige a la víctima”, acotaron los magistrados.

Antes de iniciar el análisis de los puntos impugnados, los magistrados de la Sala hicieron ver que el tribunal se contradijo al criticar la pena establecida en el inciso primero de la Ley Especial, pero al mismo tiempo utilizar dicho instrumento de ley para valorar la pena impuesta en el caso resuelto el año pasado.

La decisión de la Sala de lo Constitucional llega en momentos en los que en la Asamblea Legislativa iniciará la discusión de una iniciativa para reformar la Ley Especial contra el Delito de Extorsión promovida por el presidente de la Asamblea, el diputado Guillermo Gallegos.

Con la iniciativa se busca ampliar la pena por este delito y que pase a un máximo de 18 años de cárcel, así como que el que sea sentenciado por ello no pueda acceder a los beneficios que da la Ley Penitenciaria. En primer momento, la propuesta de reforma a Ley Extorsión cuenta con el apoyo de algunos diputados del PCN y de ARENA.