Sala suspende controversial reforma a Ley de extinción de dominio

 

 

 

Agosto 12 de 2017. Ayer, en un comunicado oficial, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, anunció que, luego de admitir una demanda, ha suspendido la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen y Destinación Ilícita (LEDAB), que, aún con el rechazo generalizado por parte de la población, aprobaran los partidos FMLN y Gana en la Asamblea Legislativa.

Esta resolución es provisional y sólo el inicio  proceso de inconstitucionalidad planteado frente a la premisa de que existe incoherencia institucional por parte de la Asamblea Legislativa en el presente proceso, lo cual puede ser considerado como un indicio de fraude a la Constitución. En tal proceso se escuchará a los diputados y sus argumentos que llevaron a tal decreto.

Según lo argumentado por los diputados lo que han defendido al reformar la Ley es la constitucionalidad del contenido de la misma, afirmando que con la ley se ejerce la competencia atribuida por la Constitución para perseguir la adquisición o destinación ilícita de los bienes; por otra parte, ha adoptado las reformas a la misma en un sentido totalmente opuesto, debilitando o anulando las herramientas legales de las que puede disponer tanto la Fiscalía General de la República, como también los tribunales competentes para combatir el crimen organizado y la corrupción.

La Sala en su primera resolución establece que la aprobación de tales reformas podría anular el deber institucional de combatir la corrupción y permitirían la legitimación o protección de la adquisición de bienes por medios ilícitos o la destinación de los mismos a fines que no sean lícitos.

Esto implicaría una violación a la Constitución y a las prescripciones de orden internacional contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas –vigentes en el país–, así como a principios del Derecho Internacional Público.

De acuerdo al criterio jurisdiccional la reforma hecha podría generar un daño irreparable o de difícil reparación, debido a que al ser aplicadas en los casos concretos por las autoridades competentes –Fiscalía General de la República y Juez de Extinción de Dominio–, podrían también producir situaciones jurídicas consolidadas contrarias a los intereses de la justicia en la persecución del crimen organizado y la corrupción.

La resolución fue firmada por los magistrados José Óscar Pineda Navas, Florentín Meléndez Padilla, Belarmino Jaime, Sidney Blanco Reyes y Rodolfo González Bonilla.