SOBRESUELDOS. Al toro por los cuernos

Un bloguero difundió la semana pasada unos supuestos papeles de pagos (sueldos, sobresueldos y bonificaciones especiales) donde aparecen las presuntas firmas de algunas personas. Se elevó la temperatura pre-electoral ante la posibilidad de que tales erogaciones sean dineros públicos; la izquierda expulsó veneno contra las derechas y contra los medios de comunicación por no dar la cobertura a esos casos de supuesta corrupción gubernamental.

En los medios serios (escritos y televisados especialmente) hay un prestigio ganado, una responsabilidad informativa que cuidar, que no se puede arriesgar por aseveraciones de fuentes socialmente conflictivas y emocionalmente inestables, además de las limitaciones para poder contrastar información judicialmente secuestrada, con otras fuentes confiables, aparte de los intereses políticos que podrían estar impulsando este tipo de revelaciones.

Algo parecido, pero en sentido inverso, ocurrió recientemente. En ese caso, las derechas actuaron con menos encono hacia las izquierdas ante las revelaciones de la Dra. María Isabel Rodríguez y del ex Fiscal General, Luis Martínez. Ambos no dejaron dudas de haber recibido sumas de dinero de forma extra salarial. Es más, por ingenuidad política, honestidad personal, integridad profesional o por todo eso junto, la estimada Dra. Rodríguez se pasó de sincera al aceptar cándidamente haber recibido complementos económicos. Hasta ahora, nadie del lado oficialista ha cuestionado lo dicho.

No es necesario ser un profundo investigador social para no darse cuenta que eso de pagar sobresueldos y bonificaciones especiales no es algo nuevo, viene dándose desde administraciones anteriores (época de Osorio). Por los vientos que soplan, parece ser una práctica que aún no ha desaparecido, con la pequeñísima variación que en muchos casos se hace con legalidad, como ocurre con las bonificaciones especiales entregadas al personal de algunas autónomas y de otros organismos independientes del Órgano Ejecutivo. Todo es considerado en sus reglamentos internos. Todo es incluido en sus presupuestos de funcionamiento. Todo es presentado a Hacienda y, finalmente, todo es aprobado por la Asamblea Legislativa. De hecho, los empleados de aquellas instituciones públicas reciben dos bonificaciones anuales, aparte de otras “conquistas laborales”. A nivel de fiscalización gubernamental no operan los cuestionamientos por dos sencillísimas razones: la máxima entidad responsable de hacerlo lo practica legalmente y todas las demás también.

El problema se da cuando este tipo de bonificaciones se hacen discrecionalmente desde la partida de gastos reservados de la Presidencia de la República, donde cabe de todo, incluyendo los famosos recibos que hoy salpican a muchos. La opacidad se maximiza por la actitud evasiva y/o defensiva de los presuntos destinatarios de esos dineros, que se vuelve chocantemente impopular porque su discurso los ha destacado como “adalides contra la corrupción”.

Concluyo: 1º) Si el bloguero tiene pruebas, que las presente a la instancia fiscal. 2º) La cobertura mediática sería a verdaderos procesos, serios y formales. 3º) La Fiscalía debería actuar de oficio, hacer comparecer al bloguero, investigar de dónde proviene la información y determinar los canales de filtración. 4º) La Dra. Rodríguez podría dar buenos aportes a la Fiscalía, también el exfiscal Martínez, incluso la diputada Escobar. 5º) Es comprensible que los sobresueldos o las bonificaciones especiales causen repulsión ante la precaria condición financiera del país. 6º) Es imperativo regular roles, evaluar desempeños, fijar salarios y determinar prestaciones en todo el ámbito de la función pública. Los diputados deberían desempolvar el proyecto de una Ley que se niegan a abordar por mezquindad electoral (no quieren perder votantes). 7º) El silencio de la entidad fiscalizadora del presupuesto estatal no es bueno, pero es comprensible si se consideran aquellos “finiquitos exprés” expedidos a Saca y Funes.  8º) Que la institucionalidad no encare este  caso equivaldría a promover la impunidad y facilitar argumentos para que los siniestros Troles hagan de las suyas, por las migajas económicas que reciben, por obediencia ciega a sus funcionarios patrocinadores o por su fanatismo ideológico-partidario.

Si las cosas están así, hay que entrarle al toro por los cuernos.