Tres gobiernos nos han mentido: El Salvador es $3,722 millones más pobre

POBREZA EXTREMA

Desde 2005, tres gobiernos han maquillado las cifras oficiales para simular que el Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador es mayor al real. Informes del Fondo Monetario Internacional revelan que nuestro PIB es un 14.4% menor al oficial y la deuda pública no es del 62% del PIB, sino del 72%. También señalan datos inflados en el alquiler de vivienda, la producción agrícola o la actividad comercial, y el uso de muestras no científicas para medir la actividad empresarial. En sus informes, el FMI pone en duda la independencia del BCR para resistir presiones políticas y dar datos confiables.

Jimmy Alvarado. elfaro.net

La economía de El Salvador está peor de lo que dice el actual gobierno. Y de lo que dijeron al menos los dos anteriores. El Producto Interno Bruto (PIB), que expresa en términos monetarios la producción total de un país, ha estado inflado al menos desde 2005. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2015 la economía salvadoreña produjo bienes y servicios por un monto de 22 mil 128 millones de dólares y no por los 25 mil 850 millones que registra el actual gobierno como dato oficial.

Dos reportes del FMI y entrevistas con funcionarios de los gobiernos de Antonio Saca (2004-2009), Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (de 2014 a la fecha) permiten concluir que al menos estas tres últimas administraciones han maquillado sus cifras económicas de forma premeditada, posiblemente para evitar enfrentarse con las instituciones calificadoras de riesgo que evalúan el desempeño económico del país y cuyo diagnóstico dificultaría el acceso a recursos internacionales, tanto en préstamos como en inversión extranjera.

En mayo pasado una misión del FMI visitó El Salvador invitada por el gobierno de Sánchez Cerén. Este pedía ayuda para ordenar el sistema con que El Salvador calcula las dimensiones de la economía y sus indicadores esenciales, en un momento en que las finanzas del Estado han llegado a un punto tal de precariedad que, si no se toma una medida urgente, el gobierno carecerá de recursos suficientes para cumplir todas sus obligaciones financieras a partir de octubre.

Un mes después de la visita del FMI, en junio, la misión entregó al gobierno su informe, en el que enumera las distorsiones detectadas en el sistema de medición y esboza cómo variarían los indicadores esenciales si se utilizara los datos corregidos. “La estimación del nivel del PIB nominal bajo la nueva base es un 14.4 % menor que la estimación que se tiene con el sistema actual. Esta baja corresponde a drásticas falencias en la medición del PIB en la base actual”, afirman en el documento los autores Michael Stanger y Gylliane Gervais, especialistas en sistemas de cuentas nacionales del FMI.

Una consecuencia inmediata de esta revisión es que la deuda real del gobierno, que en estos momentos busca una inyección urgente de 1,200 millones de dólares, no es del 62% del PIB sino al menos del 72%. Esto, a la vez, supone que la administración tiene menos margen de maniobra para endeudarse y, por lo tanto, puede esperarse que cuando el gobierno desee emitir letras del tesoro (letes) o bonos para recibir dinero fresco tendrá que comprometerse a pagar una mayor tasa de interés a los inversionistas.

La responsabilidad de consolidar la información sobre la economía del país recae principalmente sobre el Banco Central de Reserva. El Faro preguntó al presidente del BCR, Óscar Cabrera, si teme que, al revelarse la realidad de los datos, el público interprete que el gobierno ha estado maquillando las cifras solo para presentar un panorama menos desagradable sobre el rumbo del país. Respondió que no. Según él, esa no es la perspectiva que debe usarse para analizar la situación. “Tenemos un sistema de cuentas nacionales cuyo sistema estadístico ya no responde a la actual estructura productiva del país”, dijo. Añadió que las cifras revisadas serán puestas a disposición del público en diciembre próximo.

Un exfuncionario del área de gabinete económico del presidente Antonio Saca (2004-2009) dijo a este periódico que ya en el último gobierno del partido Arena se mantuvo conscientemente la sobreestimación del tamaño de la economía porque, de no hacerlo, se habría encarecido la colocación de deuda debido a las evaluaciones de las calificadoras de riesgo. Además, ajustar las cifras habría obligado al Ejecutivo a elaborar presupuestos mucho más pequeños. “Si el PIB es menor, las estimaciones de ingresos deben ser menores”, dijo el exfuncionario, que para hablar puso como condición la reserva de su nombre.

Carlos Acevedo, quien fue presidente del BCR durante los primeros tres años del quinquenio de Mauricio Funes (2009-2014), dice que también él detectó el problema al llegar al cargo y lo reportó al FMI, aunque el primer gobierno del FMLN decidió no compartir los hallazgos con el público. Lo justifica diciendo que el acuerdo con el Fondo Monetario fue que el gobierno revisaría los cálculos y solo al tener listas las nuevas cifras se daría a conocer la realidad de la economía de El Salvador. Da a entender, sin embargo, que al presidente Mauricio Funes le faltó voluntad para transparentarlas. “Cuando fue Saca el presidente, dijo no; cuando fue Funes, dijo no”, resume Acevedo, que dejó el BCR en abril de 2013, hace más de tres años. Tampoco el gobierno de Salvador Sánchez Cerén cumplió esa promesa al FMI. Las cifras reales no se divulgaron nunca.

Al borde del precipicio

La situación económica y fiscal de El Salvador es apremiante. La crisis del sistema previsional condena a pensiones de pobreza a los jubilados, y la deuda acumulada para pagarlas se ha vuelto incosteable para el gobierno. Además, el déficit entre ingresos y gastos tiene a la administración al borde de la incapacidad para pagar salarios o pensiones.

Las perspectivas a corto plazo no son halagüeñas. El Salvador tiene una década de ir a la zaga en crecimiento económico en la región: en ocho de los últimos trece años ha sido el país de Centroamérica de menor crecimiento; en bajo rendimiento solo ha tenido como rival a Belice. Entre 2003 y 2015, la economía salvadoreña llegó a crecer un máximo de 3.84% (en 2007), pero solo dos años más tarde, en 2009, sufrió una contracción del 3.11%. Las proyecciones para 2016 indican que este año el crecimiento podría ser un poco mayor al 2%. Asimismo, en la última medición de la pobreza que se dio a conocer (la de 2014, con respecto a los niveles de 2013), esta había aumentado.

Acevedo coincide con el exfuncionario del gobierno de Saca en que al revelar un PIB menor y una deuda pública mayor como porcentaje del PIB, una consecuencia será el encarecimiento de la colocación de deuda. “Las calificadoras de riesgo te van a decir: ‘No, tu deuda es del 72% del PIB, no del 62%’. Te acribillan. Esas son las consecuencias. Tiene sentido que un gobierno tenga miedo de soltar esas estadísticas”.

De los 17 mil 175 millones de dólares en deuda pública estimada para julio de 2016 por el BCR, 929 millones corresponden a deuda que el país debe pagar a corto plazo, es decir, en meses y no en años. Este vencimiento es el que pone mayor presión a los bolsillos del gobierno y por eso la administración Sánchez Cerén está intentando reestructurar su deuda para pagarla a largo plazo. Con ese fin ha pedido a la Asamblea Legislativa que le autorice la emisión de 1,200 millones de dólares en bonos, pero hasta ahora no ha logrado el respaldo necesario de dos tercios de los 84 legisladores.

Tras unos cálculos rápidos, usando como base la estimación del PIB real que hace el FMI, Acevedo busca algunas otras consecuencias y concluye que, por ejemplo, el PIB per cápita se reduciría de 4 mil dólares a 3 mil 500 dólares. Es decir, alrededor de 500 dólares menos de ingreso anual por persona. Somos, según esas estimaciones, un país sustancialmente más pobre.

El Faro pidió al FMI una valoración sobre sus hallazgos durante la misión que realizaron en El Salvador atendiendo invitación del consejo directivo del BCR. El encargado de prensa del Fondo, Raphael Anspach, respondió que la postura oficial del FMI es que no hará comentarios sobre el reporte.

El miércoles 17 de agosto, el presidente del Banco Central de Reserva, Óscar Cabrera, anunció en una actividad pública de rendición de cuentas que el BCR había declarado como información reservada los informes de misión de asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional. Añadió que la información estaría reservada hasta que el BCR publique la nueva serie de datos vinculados al PIB. Terminada la actividad, El Faro le mostró el reporte del Fondo y le preguntó por qué el BCR oculta que el PIB real es un 14.4 % menor que el oficial. El funcionario respondió que no iba a opinar sobre el informe. “El consejo directivo del banco lo ha declarado como información reservada. Para nosotros es reservada y por tanto tiene un carácter de confidencial”, dijo. Pidió paciencia. “Desconozco el uso de este informe. El informe contiene información exclusiva del banco y como te dije, hasta que no publiquemos las nuevas cifras, no podemos dar a conocer estos informes”.

El problema de la sobreestimación del PIB no es nuevo. En febrero de 2011, ya bien entrado el gobierno de Funes, el Fondo Monetario Internacional hizo otra visita a El Salvador y ya entonces concluyó que el PIB real era 4 mil 600 millones menor que el oficial. “Estimaciones preliminares apuntan a una revisión a la baja en el nivel del PIB de un 20%, lo cual puede tener un impacto importante en las relaciones de importantes variables macroeconómicas con respecto al PIB, tales como la deuda, el déficit fiscal, los impuestos, entre otros, así como en el ingreso per cápita”, afirmaron en el informe de aquella visita las consultoras del FMI Lisbeth Rivas y Gilda Savato. Aquel documento de 2011, como el del pasado junio, fue declarado confidencial.

Información no confiable

La misión del FMI señala que el BCR usa, para medir algunas actividades económicas, muestras no científicas y referencias obsoletas. Recomienda publicar cuanto antes nuevas cifras de PIB utilizando como referencia datos más recientes a los que actualmente toma como base, en algunos casos pertenecientes a la década de los 80. Aunque ya en el nuevo siglo El Salvador ha elaborado censos de población y actividad agropecuaria, por ejemplo, el BCR sigue sin tomarlos como referencia. Los especialistas del FMI afirman que los indicadores sobre la producción agrícola, la actividad manufacturera, el comercio y la información sobre consumos intermedios que ha venido usando el BCR como referencia -el actual sistema toma 1990 como año base- no es confiable. “La actividad agrícola ha sido estimada en los años de seguimiento de la base antigua con información proporcionada por el Ministerio de Agricultura. Dicha información no ha estado exenta de recurrentes y a veces fuertes revisiones”, dide el informe.

Acevedo dice recordar, de sus años en el BCR, incluso algunos reportes del MAG con datos falseados. “Durante la administración Saca, el MAG reportaba cifras burdamente infladas de producción agrícola. Había roces con el BCR”, afirma. Explica que el BCR es receptor de estadísticas y que si el ministro de Agricultura dice que se cultivaron tantas manzanas, el BCR no puede decir que las cifras no le parecen realistas ni tampoco tiene los recursos para proceder a corregir esos datos. “Había reportes raros. La agricultura es cíclica. Hay ciclos agrícolas. Esos ciclos son los de las estaciones. Habían producciones que aumentaban así -señala con su dedo índice una;  línea que va siempre hacia arriba-, aunque era obvio que las cifras eran malas. Pero el BCR no podía corregirlas por su propia cuenta”. Cabrera admite limitantes similares para contrastar la información que el BCR recibe actualmente: “Nosotros no podemos replicar encuestas económicas nacionales. No tenemos esta función”. dice.

El FMI complementa lo que plantea Acevedo señalando que otra práctica fue la sobrevaloración de precios. “Para la base de 1990 varios productos agrícolas fueron sobrevalorados (precios inadecuados), especialmente en actividades relacionadas con el cultivo de cereales, frutas y hortalizas como en la cría de aves (…) esta sobrestimación se arrastró hacia adelante”, dice el FMI.

El ya citado funcionario de la administración Saca afirma que la sobreestimación de la actividad agropecuaria que menciona el FMI hace referencia a lo poco confiables que son los reportes del MAG sobre producción agrícola y que fue en el año del Censo Agropecuario de 2007-2008 cuando las inconsistencias de dichos informes se hicieron más evidentes. “Debemos recordar que Saca prometió que su periodo iba a ser el quinquenio del agro y lo fue… en las estadísticas”, ironiza.

Para determinar que la producción agrícola estaba sobrevalorada, la misión del FMI usó información del IV Censo Agropecuario 2007-2008 para compararlo con la información del año base -1990- que el BCR usa. Este Censo Agropecuario -publicado en diciembre de 2009, cuando el FMLN cumplía siete meses en el gobierno- arrojó como resultado que el número de paquetes agrícolas que repartía la administración era mayor al número de productores agropecuarios que había en El Salvador. En su momento, cuando fue publicado el resultado del Censo, el gobierno de Mauricio Funes se negó a oficializar sus resultados.

El censo se dio por finalizado cuando quedaban escasos días para que Saca entregara el gobierno, pero el equipo de la nueva administración detectó el maquillaje. “Este proyecto -el IV Censo Agropecuario- se dio por finalizado en abril de 2009, al ser presentado al comité económico vigente (de Saca), pero sus resultados no se oficializaron debido a significativas discrepancias con las cifras oficiales divulgadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) durante el período de realización de dicho censo. Estas cifras publicadas por el MAG fueron el insumo principal para la medición del Producto Interno Bruto Agropecuario (PIBA) y a su vez para la estimación del PIB Nacional”, firmaron los ministros de Economía y de Agricultura del gobierno de Funes, Héctor Dada Hirezi y Manuel Sevilla, en la introducción del informe sobre el IV Censo Agropecuario.

Entrevistado por teléfono, Dada Hirezi dijo a El Faro que el prólogo de la presentación de ese censo fue elaborado por Manuel Sevilla, quien murió en 2012. “El MAG tenía dudas sobre la validez del Censo Agropecuario. El censo no registraba el número exacto de productores. Los técnicos del MINEC consideraron que lo que la gente del MAG decía tenía sentido”. Dada Hirezi afirma que confió en Manuel Sevilla, y el informe del FMI da la razón al exfuncionario siete años después.

Sevilla renunció a su cargo poco después de denunciar que había recibido presiones de Casa Presidencial para distribuir paquetes agrícolas sin ningún criterio técnico, sino atendiendo a cuotas partidarias. “Me refiero a presiones de la Presidencia de la República que nos han demandado asignar paquetes agrícolas ya negociados a cambio de apoyos legislativos, con los partidos Gana y PCN. Los paquetes irían a favorecer, como en el pasado, a militantes de esos partidos sin importar los criterios y procedimientos técnicos establecidos”, escribió Sevilla a Funes el 11 de mayo de 2010, el mismo día en que le presentó su renuncia.

El IV Censo Agropecuario determinó que había 395 mil 588 productores. Esta cifra era muy inferior a los 587 mil 209 paquetes agrícolas que según el MAG -en su memoria de labores- fueron entregados en 2010. Esos paquetes incluían semillas de granos básicos y fertilizantes. Siete años más tarde, finalmente los datos de aquel Censo se incorporarán el próximo diciembre como insumo para determinar el PIB. Eso sostiene el actual presidente del BCR.

El FMI también señala en su informe de junio que los “consumos intermedios” están subestimados en un 30%. Los consumos intermedios son los costos de los insumos que se necesitan para producir algo, y debido a que el PIB se calcula sobre el valor adicional de lo que se produjo con respecto al valor de esos insumos, el PIB se incrementa sobre una base falsa. Por ejemplo: si un sastre gasta 50 dólares en telas, botones e hilos para hacer un traje y lo vende a 100 dólares, el valor agregado sería de 50 dólares. Esos 50 dólares de valor agregado es el aporte que el traje hace al cálculo del PIB. Pero si los insumos estaban mal calculados y en realidad no valían 50 dólares, sino 80, el valor agregado sería solo de 20 dólares. Así es como, poco a poco, traje a traje, se fue inflando artificialmente el Producto Interno Bruto del país.

El FMI criticó la metodología con la que El Salvador calcula la mayorías de las actividades manufactureras. “Muestras parciales y con representatividad decreciente, fuertes cambios en la estructura productiva que no fueron incluidos … estas deficiencias metodológicas incidieron en que las mediciones de valor agregado de más del 70% de las actividades manufactureras fueran sobreestimadas”.

La actividad comercial tampoco es, según el FMI, la que el gobieno dice que es, debido a que depende de dos indicadores que fueron calculados con deficiencias metodológicas. “Dicha estimación -para determinar la actividad comercial- se realiza a partir de agregados de las importaciones y de las actividades manufacturera y agrícola. La sobreestimación de estas dos actividades (la manufactura y la agrícola) explicaría casi la totalidad de la desviación de la actividad comercial”, dice el informe.

El documento amplía sus hallazgos y alude a las muestras que se utilizan para estimar la dinámica de la economía: “La fuente de información para elaborar las series del PIB provenía, en algunos casos, de muestras no científicas de empresas. Dichas muestras rara vez eran actualizadas y su representatividad se fue consistentemente deteriorando con el tiempo”.

Otro de los orígenes de la sobreestimación del PIB está en los datos de población que utiliza el Banco Central de Reserva. La misión del FMI descubrió que los técnicos del BCR todavía usan información del Censo de Población y Vivienda de 1992, a pesar de que en 2007 se hizo un nuevo censo que no solo actualizó la información, sino que descubrió que las proyecciones de población anteriores estaban muy alejadas de la realidad. El censo de 1992 proyectaba que la población de El Salvador para 2007 ascendería a 7 millones de habitantes, pero el censo de 2007 determinó que era de solo 6.2 millones. El dato de población también incide en el PIB, porque con él se calculan gastos en alquiler de vivienda, gastos de consumo y el ingreso promedio de hogares. Si la población es menor, todos estos indicadores debieron reducirse y por tanto también el Producto Interno Bruto. El BCR, sin embargo, ha estado trabajando hasta hoy con las proyecciones derivadas del censo de 1992.

Sobre el PIB aportado por el alquiler de viviendas, por ejemplo, el FMI concluyó: “Según las cifras entregadas a la misión, el stock utilizado como punto de partida era mucho más alto que en el Censo de Población y Vivienda de 2007”.

Carlos Acevedo dice que el factor principal en el maquillaje del PIB estaba en el uso de datos de población mayores a los reales. “Si el BCR ha estado calculando el consumo asumiendo que somos 7.2 millones y no 6.1 millones, obviamente tu consumo va a ser mayor. Para mí el principal factor de sobreestimación del PIB era que se trabajaba con una población sobreestimada. Cuando viene el ajuste al censo, cae la población y tiene que caer el PIB, porque tiene que caer el consumo”.

La información estadística sobre el stock de viviendas estaba tan mal compilada que el FMI aconsejó desecharla y comenzar de cero: “La misión recomendó rehacer por completo las estimaciones… Las estimaciones de la ‘nueva base’ alcanzaron un nivel muy alto porque se basaron en un nivel equivocado del stock de viviendas”.

El BCR no es independiente

En su reporte de junio, titulado “Selected Issues”, el FMI dice además que el diseño del presupuesto se basa en datos de ingresos con sesgos cuyo origen se encuentra en el “Forecasting process”, mediante el cual el BCR calcula las proyecciones de las tasas de crecimiento de la economía. En este punto, el FMI pone en duda la independencia del BCR como institución supuestamente de carácter técnico para soportar presiones de carácter polìtico en su labor.

El Fondo sugiere que el gobierno hace sus cálculos al revés: primero pone los resultados y luego infiere los ingresos. “Del lado de los ingresos, la principal razón parece ser la planificación optimista como el crecimiento económico del presupuesto y las proyecciones de ingreso generalmente tienen un sesgo relacionado con los resultados”, dicen los autores.

Si el gobierno infla las proyecciones de crecimiento económico también puede inflar las proyecciones de ingresos. Por tanto, puede elaborar presupuestos más altos. Los investigadores del FMI encontraron indicios de la manipulación de cifras para presentar proyectos de presupuesto. “El trabajo del Banco Central de Reserva es clave en la elaboración de las proyecciones de crecimiento, pero no existen procesos que garanticen su independencia. En varias ocasiones, las proyecciones fueron cambiadas de forma ad hoc, reflejando decisiones del gobierno justo antes de la publicación del proyecto de presupuesto”.

Óscar Cabrera, el presidente del BCR, dijo conocer ese señalamientos, pero pidió que se interprete de otra manera y que se vuelva la mirada hacia el Ministerio de Hacienda: “Es importante entender, cuando el FMI se refiere a la independencia, que el BCR no puede obligar a las entidades públicas a que elijan un límite inferior o superior (de PIB). Esta es más una respuesta que debe dar el Ministerio de Hacienda”.

Por esa razón, el FMI recomienda que la responsabilidad de elaborar proyecciones económicas y fiscales importantes sea cedida a expertos o a tanques de pensamiento independientes, bajo la figura del outsourcing. La otra opción que da el FMI al gobierno es que este dé garantías de independencia del equipo de técnicos del BCR y del Ministerio de Economía que trabajan con los insumos para construir el PIB.

El Ministerio de Hacienda, en un documento público, describe el proceso de formulación del proyecto de presupuesto: el BCR es el encargado de dar los insumos (los datos macroeconómicos) como proyecciones del PIB y proyecciones de crecimiento económico. Estos datos son validados por la Secretaría Técnica de la Presidencia, que los remite al Ministro de Hacienda para que elabore el proyecto de presupuesto estimando ingresos a partir de los datos del PIB dados por el BCR. El informe confidencial del FMI evidencia que el gobierno ha estado elaborando estimaciones de ingresos a partir de una serie de proyecciones del PIB infladas. El Faro buscó la versión del ministro Carlos Cáceres y el 26 de agosto hizo una solicitud de entrevista vía correo electrónico a su encargada de prensa. Al cierre de esta edición no había recibido respuesta.

Según esta presentación compartida a la Mesa Permanente de Transparencia Fiscal y elaborada por el ministro de Hacienda Carlos Cáceres, el BCR elabora la materia prima para la elaboración de las políticas públicas: los datos macroeconómicos del PIB. Esta información es validada por el secretario técnico de la presidencia y luego pasa a manos del ministro de hacienda, quien con esta información hace proyecciones de ingresos tributarios y elabora el proyecto de presupuesto general de la nación. Imagen: cortesía del Ministerio de Hacienda, diapositiva número 10. 

Según esta presentación compartida a la Mesa Permanente de Transparencia Fiscal y elaborada por el ministro de Hacienda Carlos Cáceres, el BCR elabora la materia prima para la elaboración de las políticas públicas: los datos macroeconómicos del PIB. Esta información es validada por el secretario técnico de la presidencia y luego pasa a manos del ministro de hacienda, quien con esta información hace proyecciones de ingresos tributarios y elabora el proyecto de presupuesto general de la nación. Imagen: cortesía del Ministerio de Hacienda, diapositiva número 10.

El presidente del BCR promete las cifras reales para diciembre, pero Carlos Acevedo se permite aportar un poco de escepticismo: “Ahora viene la variable política: si el que está en el gobierno te autoriza a hacer los ajustes con base en los datos actualizados. Cuando estaba Saca, dijo no; cuando estaba Funes, dijo no. Ahora no sé qué va a decir el gobierno. Pero si ya está listo, ya tendrían que sacarlo”, valora Acevedo.

El Faro consultó a Cabrera si no teme que la conclusión del público sea que el único interés en ocultar las cifras verdaderas fue el cálculo electoral para presentar una fotografía menos desagradable de la economía del país. El funcionario lo niega. “No. No hay que verlo desde esa perspectiva. Lo que pasa es que tenemos un sistema de cuentas nacionales que tiene año base uno muy viejo. Nuestro sistema estadístico ya no responde a la actual estructura productiva del país. De ahí que el BCR haya insistido en cambiar el sistema de cuentas”.

Dos leyes nuevas con cifras falsas 

Está previsto que, de no encontrar soluciones financieras antes, a finales de octubre el gobierno de El Salvador no pueda honrar sus compromisos de pago de deuda. El 20 de julio pasado, El Faro reveló que el partido de gobierno, el FMLN, está en negociaciones con el partido Arena para la aprobación de la colocación de bonos por 1,200 millones de dólares, la aprobación de una ley de Responsabilidad Fiscal, aumentar dos puntos el IVA, y crear un impuesto al patrimonio para aquellos que tengan activos superiores al millón de dólares. Soluciones de urgencia para que El Salvador no caiga en impago.

En este marco, en el corto plazo la Asamblea Legislativa discutirá al menos dos propuestas de ley elaboradas por el Ejecutivo que usan cifras falsas. Una es el anteproyecto de Ley de responsabilidad fiscal, elaborado por el Ministerio de Hacienda, y que plantea metas fiscales, un plan de reestructuración de la deuda y un techo al déficit fiscal para sanear las finanzas del Estado. Todas esas metas, sin embargo, usan como materia prima información no corregida del PIB. La otra es el anteproyecto de la Ley de presupuesto general de la nación de 2017, que el ministro de Hacienda debe entregar a la Asamblea Legislativa a más tardar el 30 de septiembre, y que se está elaborando con datos no corregidos. Es decir, lo previsible es que arrastre proyecciones de ingresos infladas.

Si el presupuesto de 2017 se aprueba sin la corrección de los datos, se cumplirán al menos doce años de maquillaje. Carlos Acevedo recuerda lo que encontró cuando llegó al BCR en 2009. Primero, dice que descubrió que el gobierno anterior -el de Antonio Saca- inició un proceso para corregir la medición pero dejó el trabajo a medias. “Cuando el BCR -de la administración Saca- hizo sus primeras estimaciones tomando como año base 2005, se encontró con que el PIB que le salía para 2005 era más del 20% menor que lo que estaban reportando para ese año”, cuenta Acevedo. Nunca se hizo el ajuste. “Mi interpretación, no me consta, es que la directiva del banco entró en pánico y decidió no salir a decir que el PIB era un 20% más bajo”, añade.

Acevedo, quien tampoco divulgó los datos corregidos durante su administración, afirma que él sí reportó el problema al Fondo Monetario Internacional. “El BCR está obligado a dar las estadísticas a las diversas asistencias del FMI, pero ellos no sabían. Yo les dije: ‘está este problema.’ Ellos me respondieron: ‘¿Cómo?’ El BCR se los ocultó por dos o tres años”, relata Acevedo. Cuando él dejó el cargo en abril de 2013, dice, la serie de datos con que se construye el PIB estaba corregida apenas hasta el año 2006. Faltaban elaborar las actualizaciones de 2007 a 2012.

El Faro contactó por mensajería electrónica a quien fuera secretario técnico de la presidencia de Saca hasta el año 2007, Eduardo Zablah, para preguntarle por qué aquel gobierno ocultó al FMI y a los salvadoreños la realidad sobre el PIB. Respondió que esa era materia del BCR y que él no tenía información que aportar. “El BCR hacía el cálculo sin que nadie interviniera. El que presentaba al Comité Económico era el BCR”, respondió. Este periódico le señaló que según la normativa de formulación del presupuesto, el BCR es el ente encargado de hacer las estimaciones del PIB, pero que estas deben pasar por la aprobación de la Secretaría Técnica de la Presidencia antes de llegar a las manos del Ministerio de Hacienda. Zablah respondió que en esencia había un problema de recurso humano. “No había capacidad humana en Secretaría Técnica para eso”, dijo. Luego se excusó de seguir respondiendo: “Entro a una reunión. Buenas tardes”.

El funcionario del área económica de Saca que aceptó hablar off the record con El Faro interpretó lo que que hubiera implicado para ese gobierno transparentar en 2005 los datos y considera que fue esa la razón del ocultamiento: “Para los funcionarios de Saca revelar que el PIB estaba sobreestimado, que la producción agropecuaria era menor, que durante años la economía del país no era tan grande como se había dicho, implicaba por un lado mostrar los malos resultados de los años de gobierno de Arena y, por otro lado, que la dolarización no había tenido los efectos esperados en el crecimiento de la economía”. En aquel 2005, Arena llevaba ya 16 años de gobierno.

Esta misma persona cree entender por qué el FMLN no sacó raja política de los verdaderos indicadores de la economía salvadoreña y del mal desempeño de las administraciones de Arena. “Para el FMLN sincerar que durante la administración Saca maquillaban el PIB implicaba que iba a ser más caro colocar deuda para asumir los compromisos del país”, dice.

El Faro preguntó al actual presidente del BCR si cree que el gobierno está aprovechando los datos falsos del PIB para lograr que la Asamblea Legislativa le autorice mayores gastos, al aprobar el presupuesto general de la nación basado en información inflada. Cabrera admite esa posibilidad, pero insiste en que esa es responsabilidad de Hacienda. “Sí. Eso puede suceder. Pero por el lado del BCR damos un límite inferior, un límite superior y uno promedio. Es decisión del Ministerio de Hacienda qué decisión va a tomar. Nosotros siempre recomendamos que tomen el límite inferior. El BCR no puede obligar a las entidades públicas a que elijan un límite inferior o el límite superior”.