Un año más para aplicar medidas extraordinarias contra crimen organizado

 

Febrero 10 de 2017. En el contexto de violencia que sufre la mayoría de la población salvadoreña el gobierno implementó hace un año una serie de medidas que pretendían contrarrestar el accionar de los diversos grupos criminales en gran parte del territorio nacional. Luego de transcurrido el año para el cual se emitieron tales regulaciones de carácter transitorio, la Asamblea Legislativa, a petición del Ejecutivo,  aprobó este jueves, con 77 votos, una prórroga por un año más, para combatir la violencia generada por estructuras criminales.

Éstas se implementan en seis penales del país y en zonas controladas por pandillas. Por ejemplo, en los centros penales se limitó a los reos las visitas íntimas y familiares, la libertad ambulatoria dentro del recinto y el traslado a Tribunales en caso de audiencias. También se bloqueó la señal de telecomunicaciones en las cárceles y en un perímetro de 200 metros a la redonda. Asimismo, batallones conformados por policías y soldados patrullan las denominadas zonas calientes con el fin de recuperar territorios y capturar pandilleros.

Según representantes del gobierno, con este decreto especial y las cantidades millonarias de recursos asignados, ($152 millones) incluyendo otro impuesto a la población, han logrado reducir en más del 20% de los delitos, dado que hace un año eran 25 homicidios diarios. luego de implementadas, han disminuido a ocho. La tasa de asesinatos bajó de 104 por cada 100 mil habitantes a 80.2 a finales de 2016.

Al conocerse la aprobación mayoritaria de esta prórroga, luego de las discusiones entre las bancadas partidarias,  el vicepresidente Oscar Ortiz dijo a la prensa: “Juntos vamos a ser capaces de derrotar al crimen, el país se merece vivir en mayor seguridad y eso debemos heredar a las próximas generaciones, un país seguro. Este paso abona al éxito que hemos tenido entre Gobierno y Asamblea Legislativa, es importante lo logrado y necesitamos avanzar mucho más”

Aun no existe una medición que retome la opinión de la población, para evaluar si ene efecto el nivel de criminalidad ha disminuido sensiblemente, así como si los fondos justificados han sido efectivamente utilizados.  Así mismo, se desconoce si el gobierno requerirá nuevamente de tales cantidades de dinero para financiar su accionar.