¿Voto duro?

Ricardo Paniagua

De acuerdo al periódico digital Última Hora, Jeannette Aguilar informó que nada más el 16% de los encuestados representan el voto duro de los partidos de mayor captación de votos, según la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) que dirige ella. El dato resulta curioso dada la conjetura que lo acompañaría pues Aguilar refirió que año con año, el recurso del voto duro se agota y, por ende, los electores prestan más atención a las propuestas y a los candidatos. Por otra parte, El Faro entrevistó al politólogo Álvaro Artiga González en 2017 y este sugería que la erosión de las bases militantes de los partidos mayoritarios representaría un verdadero problema para ARENA y el FMLN.

¿Qué tan cerca podría producirse pues una evanescencia del voto duro de las dos fuerzas político-partidarias más grandes en El Salvador y qué condiciones no lo provocarían?

Son dos los factores de vital importancia que deben ser tomados en cuenta para este complejo debate: 1. la corrosión del voto duro es equivalente a la disfuncionalidad del partido político como ente conductor de empleabilidad formal de muchísimos militantes, simpatizantes, activistas, aliados y donantes que apuestan distintos tipos de recursos para movilizar al instituto político al éxito electoral a fin de ocupar un cargo en la institucionalidad pública o/e incidir decididamente en las finanzas de cualquier administración pública y 2. la existencia de una inadvertida paradoja que implica el desencanto a lo político de miles de salvadoreños que se resignan al aislamiento de la participación activa y no estructuran una agitación colectiva que debilite a los partidos mayoritarios.

Ampliando los dos puntos anteriores, cabe referir que las instituciones gobernadas por un funcionario partidario exigen de empleados de confianza que respalden tanto al partido político como al funcionamiento de la plataforma de gobierno, y ello supone que miles de ciudadanos aprecien la campaña político-partidaria como la simpatía por la afiliación con un fin instrumental de lograr no solamente que el triunfo del candidato se concretice, sino también las expectativas laborales de los voluntarios y los intereses puntuales de los financistas. La participación pues del otro partido antagonista no desanimará a los familiares, amistades y potenciales funcionarios a dejar de constituir un tipo de votante frecuente, sobre todo si el conjunto de intereses afecta al bienestar de grupo o clase.

Por otra parte, hay otro grupo de ciudadanos desencantados de la oferta político-partidaria electoral salvadoreña que comúnmente aprecia negativamente todo lo que proviene de los candidatos a una función pública. Este grupo suele preferir la injuria o el insulto a la crítica bien construida y tiende muy probablemente a ignorar la cita electoral o anula el voto. Lo paradójico resulta en que son muchísimos ciudadanos hartos y a la vez desorganizados entre sí, por lo cual, sin ninguna posibilidad real de incidir masivamente rechazando a los partidos políticos para una transformación ya sea de estas instituciones o del quehacer administrativo de la función pública. En palabras sencillas, el desencanto no demolerá de manera automática la participación partidaria de los políticos en tanto no exista una concreción activa de la unión de fuerzas apartidarias.

Así pues, a medida en que el triunfo electoral representa más allá que la materialización del goce de la victoria, hay una serie de intereses definidos para no desmotivarse de parte de los involucrados en una campaña política de cualquier partido mayoritario. Además, aquellos ciudadanos desencantados y hartos hacia lo político-partidario no supone en la actualidad una agitación de masas orientada a organizarse extendidamente en el país y afectar los intereses de quienes ­han sido votados asiduamente y representan una bandera de partido de peso.